Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

Por mis plumas

La CURP biométrica, aprobada ayer por el Senado de la República, Debe ser impugnada. Vulnera derechos humanos y principios democráticos al no consultarse a la población, constituyéndose como una imposición autoritaria, que viola los artículos 6, 15 y 16 de la Constitución Mexicana, que garantizan los derechos de privacidad, protección de datos personales, intimidad e intereses individuales; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En 2021 la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, participó en procesos donde el propio INAI defendía su autonomía y funciones ante posibles vulneraciones legales a la ciudadanía cuando el gobierno pretendía obtener una radiografía de datos personales como los que ahora ha impuesto el gobierno de Claudia Sheinbaum, después de disolver en marzo de 2025 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien promovió la desaparición del INAI acusándolo de corrupto, costoso e ineficiente, alegando que el gobierno debía garantizar la austeridad republicana y vigilarse a sí mismo, sin necesidad de órganos independientes.

AMLO cargo el arma y Sheinbaum jaló el gatillo, como lo ha hecho con todo lo que su ex jefe le ha ordenado.

En marzo de 2025, se promulgó la nueva Ley General de Transparencia, que disolvió formalmente al INAI y transfirió sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, debilitando los contrapesos poniendo en riesgo el derecho ciudadano a la información y dejándolo desnudo frente a un gobierno abusivo y autoritario que unilateralmente impulso el CURP biométrico, que finalmente obliga a la población a entregarle todos sus datos, incluso su tipo de sangre y huella del iris, con lo que pierde todo derecho a su privacidad e intimidad.

Mientras la población estará obligada a entregar su rostro, iris, huella y firma digital para ser identificada por el Estado, este no se obliga a ser auditado y mucho menos regulado, toda vez que ha desaparecido todos los organismos autónomos que lo vigilan.

¿Quién vigila al poder en México?

Nadie.

Incluso, mientras los ciudadanos deben desnudarse en sus datos biométricos, a los delincuentes se les permite llamarse fulanito de tal N, suprimiendo sus apellidos, permitiendo que se filtren entre la gente sin que se sospeche que han cometido un crimen. Esto debe cambiar y exponer su nombre y todos sus datos, así como lo harán con toda la ciudadanía.

Con el pretexto de agilizar trámites y encontrar personas desaparecidas, se impone una Plataforma Única de Identidad administrada en parte por el Ejército, sin supervisión independiente ni controles ciudadanos.

Esto no solo digitaliza a la población: la perfila, la monitorea y la somete al escrutinio estatal en tiempo real, como en esas películas futuristas, donde la población es controlada por un gobierno supremo.

¿Dónde están los contrapesos?

La iniciativa fue aprobada sin consulta ciudadana ni debate plural. La oposición política parece en coma. Las organizaciones civiles guardan silencio. Si esta reforma hubiera sido propuesta por otro gobierno y la oposición fuera López Obrador, las calles estarían encendidas de protestas.

Andrés Manuel López Obrador, que alguna vez acusó al poder de imponer decisiones sin consultar al pueblo, ahora orquesta lo mismo desde las sombras blindando a su partido MORENA y al gobierno, dejando al ciudadano desnudo ante el abuso del poder.

El Estado —cómplice de filtraciones de datos y fallas tecnológicas— exige a los ciudadanos lo irreversible: biometría sensible a cambio de derechos básicos que esta obligado a dar el Estado y las instituciones.

Esto no se puede permitir.

Los datos biométricos no se cancelan, no se reponen. Sí son vulnerados, no hay marcha atrás. Y en un país con historial de espionaje ilegal, persecución política y corrupción gubernamental, poner estos datos en manos opacas es una renuncia colectiva al derecho a la privacidad.

Las implicaciones políticas son mayores que las técnicas. Lo que se normaliza hoy como “eficiencia administrativa” se convertirá en la infraestructura invisible del autoritarismo: una base de datos al servicio del control social, sin reciprocidad, sin vigilancia del poder, sin garantías de uso limitado.

La reforma fue aprobada ayer por el Senado de la República y la envió al Congreso para su revisión y publicación en el Diario Oficial.

Aún hay tiempo para exigir frenos, exigir transparencia, exigir un debate abierto sobre el alcance de esta herramienta.

Lo que está en juego no es un trámite burocrático: es el alma de nuestra democracia.

Aunque la CURP biométrica ya fue aprobada por el Congreso, su implementación no es inminente ni definitiva.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede declarar su inconstitucionalidad si se presenta una acción legal bien fundamentada.

Organizaciones civiles, legisladores o incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueden impugnar esta reforma acreditando que viola derechos fundamentales, como la privacidad, la proporcionalidad del uso de datos biométricos y la ausencia de controles democráticos.

La Corte tiene la facultad de suspender su aplicación o anular partes clave del decreto.

Pero para que eso ocurra, es necesario movilizarse jurídica y socialmente antes de que sea demasiado tarde.

Y en caso de que la SCJN no actúe adecuadamente por estar condicionada por el poder político, los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos pueden convertirse en una vía de defensa y entre ellas se pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Relatorías Especiales de la ONU y Organismos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.

La CURP biométrica, tal como está planteada, es incompatible con un Estado de derecho. Es violatoria.

Si el poder exige transparencia al ciudadano, el ciudadano debe exigir el mismo nivel de escrutinio al poder.

De lo contrario, no nos gobierna un sistema de justicia: nos administra un gobierno autoritario, muy cercano a la dictadura.

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