|
 gif prueba.gif) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
_48.png){kind=small}
Por ELVIA ANDRADE BARAJAS La dimisión de Guadalupe Taddei destapó una red de presuntas irregularidades y contratos multimillonarios bajo investigación, dió elementos al PAN, para denunciar al organismo ante la Fiscalía por corrupción y seis delitos más, que deberá sortear la presidenta interina del INE, Blanca Cruz, quien protestó al cargo en un ambiente de corrupción y crisis de confianza del árbitro electoral, como nunca.
Blanca Cruz fue elegida de entre los Consejeros electorales para sustituir a Guadalupe Tadeei, cuya imagen caricaturizada inunda las redes sociales por su relación con el proveedor del INE, José Alfredo Hernández Casillas, a quien favoreció indebidamente con multimillonarios contratos del organismo electoral, así como a otras empresas relacionadas con él, firmándoles acuerdos con vigencia hasta 2031.
Ante este panorama tan minado, la presidenta interina informó que se suspenderán todos esos acuerdos, para ser investigados y auditados.
Fue la propia presidenta Claudia Sheinbaum quien solicitó a la Auditoría Superior de la Federación revisar a fondo las contrataciones del instituto de todas las administraciones, desde Taddei e incluso de Lorenzo Córdoba.
A este quebranto financiero y penal se suma la degradación del modelo operativo interno.
Las reformas de 2024, que dotaron a la presidencia del Consejo General de facultades unilaterales para designar mandos clave, erosionaron el contrapeso colegiado que históricamente dio solidez al INE, a tal grado que los propios consejeros denunciaron opacidad, aislamiento del pleno y amedrentamiento por Taddei que se engolosino con el poder y tomó decisiones unilaterales, cuestionadas por los consejeros.
La llegada de Blanca Cruz representa la entrada de una funcionaria de carrera con amplio dominio de la estructura territorial, pero su margen de maniobra es estrecho, bajo un escrutinio implacable y parece que sólo estará de paso en tanto se elige al nuevo titular del INE.
Tras la salida de Taddei han renunciado varios directivos del INE como los de Recursos Materiales e Igualdad de Género, además de que ya hay una ola de renuncias ante el temor de acciones penales en su contra.
Este escándalo de corrupción ocurre justo a unos meses de las elecciones intermedias en México, que iniciaron el 10 de septiembre 2026, para renovar 500 diputaciones que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y más de 19 mil cargos, entre gubernaturas, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales, alcaldías y cargos del Cuarto Orden de Gobierno.
Se elegirán gobernadores en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
La Jornada Electoral se llevará a cabo el 6 de junio de 2027.
Así que ante este panorama el “golpe” al partido en el poder pareciera demoledor, porque afecta la credibilidad del arbitraje electoral, impuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de MORENA, el partido en el poder.
Algunos analistas políticos hablan de un autogol, orquestado desde Palacio Nacional, para “cortar” los lazos con López Obrador, quien impulso la Reforma Electoral e impuso a Taddei en el INE para asegurar el triunfo en las elecciones, que en 2027 tendrán un giro poco favorable para MORENA.
Las acusaciones y presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han dejado de apuntar hacia “El Patrón” y cuando dice que su sucesora Claudia Sheinbaum tiene miedo de enfrentarse al crimen organizado, sabe lo que está diciendo, porque tiene las pruebas que confirman la infiltración del Cartel Sinaloa y “El Rey del Huachicol” con el gobierno de México.
“El Patrón” este cercado, sus hijos vigilados y todos en posición de ataque.
El objetivo es México y sus elecciones son determinantes, porque muchos estados y municipios son gobernados por gente puesta por el narco y eso va a cambiar, porque se prevé que MORENA perderá muchas posiciones políticas, mínimo pierde la mayoría en el Senado o en la Cámara de Diputados.
Por eso Taddei tenía que caer, y sí, parece que sí hubo un complot para que saliera y las fichas se reacomodaran a favor de la presidenta, que ya prepara nuevos partidos políticos, supuestamente ciudadanos, para que den su voto a MORENA y todo siga igual.
Al presidente Trump le darán gusto con acuerdos comerciales, pero la venta de droga a su país seguirá porque son los propios americanos quienes demandan su consumo, aunque todo podría cambiar si todos actuaran honestamente, pero la verdad es que dicen una cosa y hacen otra.
La historia oculta de la investigación de la DEA de supuestas donaciones de carteles de la droga a la campaña de AMLO — ProPublica Denuncian en EE. UU. a AMLO y gobernadores de MORENA (II)
eab_elya@yahoo.com.mx |
Por ELVIA ANDRADE BARAJAS CIUDAD DE MEXICO, 26 de octubre de 2026.- Presentada en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como un ejemplo de honestidad incorruptible, todo resultó ser falso. Guadalupe Taddei Zavala también es corrupta y se vio forzada a anunciar su renuncia al cargo de consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el Congreso de la Unión, tras las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que la involucran en presuntos conflictos de interés, simulación de competencia y triangulación de recursos hacia empresas proveedoras del INE (como Corporativo ZEG y Cajas Graf).
En redes sociales, Taddei fue ampliamente cuestionada por las grabaciones e imágenes que evidencian su relación con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
En las imágenes se les ve brindar con champán y disfrutar de la vista hacia la Torre Eiffel desde un hotel de cinco estrellas, cuya tarifa por noche se estima en unos 200 mil pesos.
El INE publicó un comunicado de Taddei en el que anunciaba que anunciaba:
“He decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral”.
Sin embargo, el comunicado fue borrado más tarde, pero el diputado Ricardo Monrreal, confirmó que la renuncia ya fue anunciada y será definitiva y que la Cámara de Diputados trabaja para buscar una presidencia interina.
Monreal explica que se elegirá al sustituto provisional entre los Consejeros electorales y la Cámara de Diputados emitirá un acuerdo para iniciar la sustitución, nombrando un Comité Técnico, se abre la convocatoria para elegir un candidato, se reciben los aspirantes, y de entre ellos se elige al presidente o se procede a la insaculación, en un proceso entre cuatro o cinco semanas.
De acuerdo con las investigaciones de la ASF, existen observaciones por un desfalco de más de 66.5 millones de pesos desde 2025, además de múltiples irregularidades como pagos de nómina a personas fallecidas, asignaciones a empresas fantasma o de reciente creación y contratos otorgados a 57 funcionarios activos del propio instituto.
Las autoridades determinarán si existen responsabilidades administrativas o penales, que podrían condenar a la cárcel a Taddei
Al revisar los contratos autorizados a Hernández Casillas —con quien Taddei sostenía una relación sentimental—, la ASF detectó simulación de convenios, triangulación de fondos, conflicto de interés y operaciones con empresas factureras o sancionadas por el SAT.
En total, el órgano fiscalizador acreditó irregularidades en contratos que suman 514 millones de pesos vinculados a las empresas del empresario. Ante la opinión pública, la gestión de la institución quedó gravemente descredibilizada, comprometiendo la certeza de los futuros procesos electorales.
Durante años, el movimiento obradorista construyó su discurso sobre la supuesta superioridad moral de sus cuadros frente a los gobiernos anteriores, afirmando que había llegado una clase política inmune a la corrupción y guiada por principios. En esa narrativa, Guadalupe Taddei ocupó un lugar privilegiado como la funcionaria confiable que garantizaría la conducción limpia del INE.
Sin embargo, su salida resultó vergonzosa y pública. En el centro del entramado destaca Hernández Casillas, vinculado a una red de compañías que durante años obtuvieron contratos con organismos electorales, entre las que figuran:
Cajas Graf Corporativo ZEG Formas Finas y Materiales Seriplast Diseño, Reconstrucción y Comunicación Grupo Selati
Entre los montos que han trascendido destacan 46 millones de pesos adjudicados a Cajas Graf cuando Taddei presidía el Instituto Estatal Electoral de Sonora, y 198.7 millones de pesos como techo presupuestal de un contrato otorgado a la misma empresa para la producción de materiales electorales durante su gestión en el INE.
Solo en 2024, las empresas del contratista recibieron adjudicaciones por cerca de 198 millones de pesos.
En marzo de 2023, cuestionado por la prensa sobre la designación de Taddei, López Obrador defendió su perfil en la conferencia mañanera:
“Me parece muy bien, porque es una mujer experimentada, honesta, íntegra”. En aquella ocasión afirmó no conocerla en persona, pero sí a su familia, calificándolos como “gente progresista, demócratas y honestos, nada que ver con el conservadurismo que defiende Reforma”. El tiempo y las investigaciones periodísticas mostraron una realidad muy distinta.
Ante el impacto de estas revelaciones y la crisis de confianza generada al arranque del proceso electoral 2026-2027, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó el esclarecimiento total de los hechos.
El distanciamiento de la mandataria frente al caso ha sido interpretado por varios analistas como una señal de ruptura con el grupo de su antecesor, marcando una línea propia en posiciones clave como la dirigencia del árbitro electoral.
En otra de sus mañaneras, tras la designación de Sheinbaum a la Presidencia de México, López Obrador advirtió:
“Todos se quejan de mí, pero a ella no la conocen bien, y de cierto les digo que es peor que yo, ya verán”, dijo tras reír de buena gana como alguien que hace una gran broma.
https://www.facebook.com/watch/?v=1429710455982460
eab_elya@yahoo.com.mx |
Por ELVIA ANDRADE BARAJAS
En la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por el Senado de la República el 20 de octubre de 2026, sin cambios, y enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, no se contempla ningún beneficio para la población.
Sólo se impone control fiscal a los ciudadanos.
Van por la economía informal, por la señora que vende tacos en la esquina, por los talacheros, por el “viene viene”, por el que vende pan en las calles, por el de la basura, el que hace “chambitas” para sobrevivir, incluso por el que trae bien puesta la camiseta de MORENA.
Todos.
A Todos les van a pasar a la bascula y los van a gravar con mayores impuestos, para eso pusieron al SAT(anas) para definir dónde serán obligatorios los pagos electrónicos, según dice la nueva ley.
Pero, la realidad es que el SAT estará encargada de gravar a todos, sacar dinero hasta de las piedras. Ese es su trabajo. Abrir juicios contra la gente y …embargarle sus bienes. Esa es su especialidad.
La nueva Ley de Economía Digital fue propuesta por la presidenta Claudia Sheimbaum porque el gobierno no tiene dinero para enfrentar todos los compromisos que se han echado a cuesta con la población, a través de los programas sociales, que le aseguran votos en las elecciones.
El asunto es tan claro como el agua: El gobierno no tiene dinero, porque MORENA, está documentado en denuncias formales, pacto con el crimen organizado para llegar al poder.
Por un tiempo, todo funcionó bien, pero el 20 de enero de 2025, Donald Trump al asumir la presidencia del Estados Unidos por segunda ocasión firmó la Orden Ejecutiva 14157, denominada "Designating Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists, para designar como terroristas a ocho organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Desde ese día hasta hoy, Trump ha declarado que el gobierno de México es sometido por el narcotráfico y que la presidenta le tiene miedo, y ha sido más claro al citar que el Cartel Sinaloa ha infiltrado al gobierno de México, calificando a varios de sus gobernantes de tener nexos con el narco, advirtiéndoles que serán arrestados.
Obviamente, Sheinbaum niega todo y asegura tener al país bajo control.
Sin embargo, bajo su aparente calma, Palacio Nacional se simbra, porque el dinero no alcanza. Los señores del Cartel Sinaloa están encerrados en cárceles de Manhattan, Nueva York, y ya no aportan las millonadas para que “los dejen trabajar”, según documentan varios libros sobre el Cartel Sinaloa y denuncias interpuestas contra MORENA en el extranjero.
El pacto se rompió.
Ahora, es el pueblo el que debe pagar los platos rotos, esa es la cruda realidad de la Ley de Economía Digital.
Controlar a todos y gravar con impuestos a todos, sin ningún beneficio ¿o, sí los habrá como en Europa y Estados Unidos?
El dinero del narco mexicano lo tiene ahora el gobierno de Donald Trump, curiosamente ahora es su gobierno el que “lava” el dinero sucio del narcotráfico.
Muy indignado decomisa sus fortunas, porque enviciaron a la población norteamericana, pero nunca hemos visto que quemen el dinero ni la droga que confiscan, todo lo consumen.
Y, mientras el pobre pueblo mexicano soporta a su gobierno autoritario, que le impone leyes sin beneficios para su economía, porque esta ley sólo servirá para quienes tienen dinero y para el crimen organizado, que podrán traer fortunas en una tarjetita negra, dorada o metálica, tan bonita e inaccesible para el pueblo.
Lo más irónico es que el gobierno desapareció el Instituto de la Transparencia y todos los organismos que lo vigilaban, además de que controla a jueces y magistrados, de tal forma que no hay autoridad que pueda vigilarlo ni cuestionarlo, tal como ocurre en Nicaragua.
Por ello, es incongruente que el gobierno exija cada vez más transparencia sobre las actividades económicas de las personas, mientras la autoridad decide unilateralmente y gobierna como si el país fuera de su propiedad.
Designación de cárteles internacionales como terroristas - United States Department of State
Departamento de Justicia | Página principal | Departamento de Justicia de los Estados Unidos
Distrito Sur de Nueva York | Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y anteriores acusados de tráfico de drogas y delitos con armas | Departamento de Justicia de los Estados Unidos
(13) Código Magenta - ⭕️ Estados Unidos va contra Morena: LA Times ➡️... | Facebook eab_elya@yahoo.com.mx |
Contra malos gobernantes y nefastas políticas públicas Por ELVIA ANDRADE BARAJAS
Reclama educación, alto a la carestía de la vida, agua potable y no contaminada, medicamentos, salarios dignos o el derecho a una vida económicamente sostenible.
Atrás de cada pancarta y marcha aparece la misma acusación: el sistema político es incapaz de responder a las necesidades de la población:
En Albania, miles de ciudadanos volvieron a desafiar al gobierno del primer ministro Edi Rama, exigiendo respuestas ante la corrupción, la falta de oportunidades y el deterioro de las condiciones de vida.
En Argentina, estudiantes y docentes salieron nuevamente a las calles para exigir al presidente Javier Milei el cumplimiento de los compromisos de financiamiento para la educación superior.
En Francia, el regreso de los Chalecos Amarillos devolvió a las calles el malestar por el aumento del costo de la vida y el desgaste político que enfrenta el presidente Emmanuel Macron.
En Colombia, las protestas se dirigieron contra decisiones atribuidas al presidente Abelardo de la Espriella relacionadas con políticas culturales y memoria histórica.
En México, los reclamos adquirieron dos rostros particularmente dolorosos: el acceso al agua y el acceso a la salud.
En Guadalajara, miles de personas marcharon para exigir soluciones a una crisis hídrica que consideran inaceptable en pleno siglo XXI.
Las movilizaciones derivaron en hechos de violencia y ataques contra edificios públicos, arresto de estudiantes y enfrentamiento de estos con la policía, al reclamar que en la capital tapatía el agua sale negra. No sirve ni para lavar carros.
En la Ciudad de México, trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y pacientes denunciaron nuevamente la falta de medicamentos, las carencias hospitalarias y el deterioro de servicios en todo el país, pese a que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México tendría un sistema de Salud como el de Dinamarca, posicionando a México como una burla mundial.
La presidenta Claudia Sheinbaum es cuestionada por minimizar la crisis de salud que vive el país.
Al otro lado de la frontera, miles de estadounidenses volvieron a llenar plazas y avenidas bajo una consigna tan sencilla como reveladora:
"NO KING".
El movimiento surgido contra las políticas del presidente Donald Trump refleja una preocupación creciente sobre la concentración del poder y el futuro de la democracia estadounidense.
Cada protesta tiene su propia historia.
Pero juntas parecen formar parte de una misma conversación global.
Quizá ninguna imagen resume mejor la fractura social contemporánea que la vista en Milán.
Los videos mostraron a grupos de jóvenes saqueando establecimientos de lujo en una de las capitales económicas y culturales de Europa.
Detrás de los cristales rotos aparece una realidad incómoda: una generación que observa escaparates llenos de riqueza mientras siente que el acceso a una vivienda, a un empleo estable o a una vida digna se vuelve cada vez más lejano.
Mientras millones de personas reclaman agua, medicinas, educación y trabajo, gran parte de la conversación pública se concentra en tecnologías futuristas, movilidad aérea y proyectos espaciales.
En los mismos días en que hospitales mexicanos denunciaban carencias y miles de ciudadanos marchaban en diferentes países clamando por la carestía de la vida, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, volvió a ocupar titulares con proyectos relacionados con vehículos de nueva generación y la exploración espacial.
Por supuesto, la innovación tecnológica es necesaria.
La ciencia ha sido una de las mayores herramientas de progreso de la humanidad, pero también es la que la está poniendo en riesgo, justamente con los inventos de Elon Musk que sólo anhela conquistar Marte, mientras el planeta donde vive está en graves problemas.
Su fortuna y sus ideas afectan al mundo, por lo que debería replantearse su existencia ¿a quién ayuda?...
Porque para una madre que no encuentra medicamentos para su hijo, para un estudiante que teme perder su universidad, para un trabajador cuyo salario ya no alcanza o para una familia que abre un grifo y no encuentra agua, las políticas públicas y los gobernantes no les han servido y los ricos del mundo tampoco.
Por ello, la gente, los millones de pobladores del planeta tierra deben analizar su voto y no permitir que unos cuantos elijan destruyan el mundo.
Y, mientras el planeta seguía observando protestas y enfrentamientos, una noticia proveniente de Ecuador conmocionó a miles de personas.
El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió cuando una gran cruz se desprendió durante una misa y cayó sobre él ante los fieles.
Fue un accidente.
Pero, la gente se pregunta si Dios ¿esta enojado?...
Las protestas de estos días no son únicamente contra presidentes, primeros ministros, gobernadores o partidos políticos.
Son una advertencia.
Un recordatorio de que el contrato social se debilita cuando la ciudadanía percibe que trabaja más, recibe menos y es escuchada cada vez menos.
Desde Edi Rama, Javier Milei, Emmanuel Macron, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus, el mensaje de las calles parece ser el mismo:
La paciencia social tiene límites y los gobiernos están fallando, lo que inevitablemente se reflejará en las urnas de elecciones, en las que el pueblo tiene el poder de demostrar su hartazgo ante la ambición, egoísmo y sed de poder, de los políticos, que están destruyendo el mundo.
eab_elya@yahoo.com.mx |
Por ELVIA ANDRADE BARAJAS México, con 132.9 millones de habitantes, es un país donde 40.3 millones de personas viven en pobreza laboral, es decir, 30.7% de la población no puede comprar la canasta alimentaria con su ingreso. En este contexto, la bancarización real sigue siendo limitada: aunque 73 millones de adultos tienen acceso a algún servicio financiero formal, solo 38.4 millones usan dinero digital de manera activa. Esto significa que apenas el 29% de los mexicanos participa realmente en la economía digital, mientras que el resto depende del efectivo para sobrevivir, especialmente en zonas rurales donde la pobreza laboral alcanza 44.2%. La brecha tecnológica, la falta de dispositivos seguros, el acceso irregular a internet y la ausencia de educación financiera hacen imposible una transición justa hacia un sistema digital obligatorio. Imponer una Ley de Economía Digital en estas condiciones no es modernización: es sometimiento. Una ley que reduce el uso del efectivo en un país donde más de la mitad de la población no está integrada al sistema financiero solo fortalece al gobierno, que gana capacidad de vigilancia y control sobre cada transacción, y al crimen organizado moderno, que ya opera sin fronteras mediante criptomonedas, fintechs fachada y redes digitales globales. Mientras tanto, el pueblo —los pobres, adultos mayores, trabajadores informales y pequeños comercios— queda atrapado en un sistema que no entiende, no controla y no puede costear. México no está listo para una economía digital obligatoria, IMPUESTA, y aprobarla hoy solo profundizaría la desigualdad y debilitaría aún más a quienes ya viven al margen del sistema. México enfrenta hoy un mapa criminal profundamente fragmentado. Aunque durante años se habló de “dos grandes cárteles”, la realidad es mucho más compleja: investigaciones de la DEA, el FBI y centros de inteligencia mexicanos coinciden en que el país alberga entre 40 y 50 organizaciones criminales activas, si se consideran cárteles, células, brazos armados y pandillas regionales. De ellas, entre 6 y 10 califican como cárteles de alto impacto, con estructura transnacional, capacidad financiera y presencia en múltiples estados. Esta fragmentación no significa debilidad; al contrario, ha permitido que los grupos criminales se adapten, se dividan y se multipliquen, operando con autonomía y sofisticación creciente. Entre todas estas organizaciones, el Cártel de Sinaloa sigue siendo identificado por la DEA y el FBI como la organización criminal más poderosa y rica del mundo, con presencia en más de 40 países y redes financieras globales. Durante décadas enfrentó un obstáculo: mover grandes cantidades de efectivo fuera de México era riesgoso, lento y costoso. Por eso construyó un imperio de propiedades, empresas fachada y prestanombres en América Latina, Europa, Medio Oriente y Asia. Pero ese problema histórico prácticamente desapareció con la transición hacia mecanismos digitales de lavado, criptomonedas, fintechs fachada y plataformas internacionales que permiten mover millones sin tocar un billete. En este contexto, una Ley de Economía Digital que reduzca el uso del efectivo no golpea a estas organizaciones; las fortalece. El crimen organizado moderno ya opera en lo digital, domina criptomonedas, triangula transferencias, utiliza tarjetas prepagadas internacionales y lava dinero mediante plataformas globales. La digitalización elimina el obstáculo que alguna vez limitó su expansión: la necesidad de mover efectivo físicamente. Mientras tanto, la población pobre, los adultos mayores y los trabajadores informales —que dependen del efectivo para sobrevivir— quedan expuestos a exclusión financiera, vigilancia y dependencia tecnológica. La combinación de una ley que permite a Hacienda prohibir el efectivo en sectores completos, un país con baja bancarización y un crimen organizado altamente digitalizado crea un escenario peligroso: el Estado gana control, los cárteles ganan libertad operativa y el pueblo pierde autonomía. En un México donde más de 40 grupos criminales operan simultáneamente y donde el Cártel de Sinaloa ya funciona como una corporación global, imponer una economía digital sin infraestructura, sin inclusión y sin garantías no es modernización: es abrirle la puerta a quienes ya dominan el mundo digital y cerrarles el paso a quienes dependen del efectivo para vivir. Un país sin bancarización suficiente no puede digitalizar su economía sin consecuencias graves. México sigue siendo un país donde la mayoría de las operaciones económicas se realizan en efectivo, como reconoce el propio dictamen al señalar que la infraestructura existe, pero el uso es limitado. La ley promete “promover la inclusión financiera” y “facilitar créditos digitales”, pero no garantiza que la población tenga acceso a internet, dispositivos seguros o educación financiera. Diputados de oposición lo dijeron con claridad: “La inclusión digital no se decreta, se construye.” Sin esa construcción previa, cualquier transición obligada hacia pagos digitales excluye, vulnera y castiga a quienes dependen del efectivo para sobrevivir. El punto más peligroso: Hacienda podrá prohibir el efectivo en sectores completos. El dictamen establece que la Secretaría de Hacienda determinará los sectores estratégicos donde los pagos digitales serán la única forma de pago. Este es el corazón del problema: un poder discrecional, sin límites claros, sin criterios definidos y sin salvaguardas para la población vulnerable. Diputados advirtieron que esto otorga “poder absoluto y discrecional” a Hacienda para decidir dónde prohibir el efectivo. En un país con baja bancarización, esto no es modernización: es control financiero sobre la vida cotidiana de millones de personas. El gobierno gana control; el pueblo pierde autonomía. El boletín presume que la ley “moderniza la relación entre ciudadanía, empresas y gobierno”. Pero modernizar sin garantizar derechos ni acceso universal es simplemente centralizar poder. Diputados del PRI lo señalaron: El crimen organizado moderno ya opera digitalmente: esta ley no lo toca. Mientras el pueblo lucha por retirar $50 pesos de un cajero, el crimen organizado: La ley promete “estrechar espacios de lavado de dinero”, pero no regula criptomonedas, no establece controles internacionales, no protege a usuarios vulnerables, y no aborda la sofisticación digital del crimen organizado. El narco viejo dependía de bodegas de efectivo. El narco actual depende de redes digitales globales, por lo que la Ley de Dinero Digital parece estar hecha a su medida. Reducir el uso del efectivo golpea al pequeño comerciante, al trabajador informal, al adulto mayor. Una transición sin condiciones es una imposición disfrazada de modernización La ley afirma que la transición será “gradual”, pero no define: plazos realistas, infraestructura mínima, mecanismos de protección, apoyos para pequeños negocios, garantías para zonas sin internet. Diputados de MC lo dijeron con precisión: “Una cosa es dar opciones y otra es aprobar una ley que empiece a reducir el uso de efectivo sin haber resuelto antes quién va a pagar esa transición.” Conclusión: México no está listo, y el pueblo será el más afectado La Ley de Economía Digital, tal como está planteada, no nace desde el pueblo ni para el pueblo. Nace desde el poder y para el poder y para el crimen organizado. Favorece: al gobierno, que gana control, al crimen organizado sofisticado, que ya opera sin fronteras, a los grandes actores financieros y tecnológicos. Perjudica: a los pobres, adultos mayores, pequeños negocios, a todos los que viven en la informalidad, a quienes dependen del efectivo para sobrevivir. México necesita modernizarse, sí. Pero no así, no sin infraestructura, no sin inclusión, no sin seguridad, no sin garantías, no sin justicia. Una ley digital sin país digital es una ley que somete y sólo beneficia al crimen organizado. No es una ley que transforma. eab_elya@yahoo.com.mx |
| El
contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva
de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado. Reportajes Metropolitanos - Derechos Reservados © 2006 www.reportajesmetroplitanos.com.mx |