Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 29 de julio de 2026.-El anuncio de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de reinstalar las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara es preocupante en un país que se define constitucionalmente como democrático, plural y defensor de las libertades. Resulta contradictorio que se rinda homenaje público a figuras que encabezaron un régimen de partido único, sin elecciones competitivas y con una larga historia de persecución política.

Es innegable que, bajo el gobierno de MORENA, México muestra señales inquietantes de un deslizamiento hacia prácticas propias de regímenes autoritarios. La concentración de poder, el debilitamiento de contrapesos, la presión sobre el Poder Judicial, la estigmatización sistemática de la prensa crítica y la afinidad con gobiernos que han desmantelado sus democracias son elementos que encienden alarmas.

Si México no ha cruzado la línea hacia una dictadura, no es por falta de intentos, sino —como señalan analistas internacionales— por las presiones diplomáticas y económicas de Estados Unidos, que sigue siendo el principal freno externo ante cualquier deriva autoritaria. Mucho más aún cuando se trata de su vecino del sur, cuyas autoridades han sido señaladas de dirigir, además, un narcogobierno.

No se trata de borrar la historia —nadie discute el impacto continental de la Revolución Cubana—, sino de preguntarnos qué mensaje envía un gobierno local cuando decide honrar, con recursos públicos, a líderes que gobernaron bajo estructuras que la ciencia política clasifica como autoritarias. En una nación que ha luchado durante décadas contra el presidencialismo hegemónico, la censura y la represión, la exaltación de símbolos de una dictadura resulta, como mínimo, políticamente incoherente.

La protesta del 26 de julio —fecha emblemática para el castrismo— y la detención de seis manifestantes muestran que el debate no es meramente cultural, sino profundamente político. Mientras la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, sostiene que las estatuas fueron colocadas de manera irregular, el gobierno capitalino insiste en que “hay vecinos que están de acuerdo”.

Pero la discusión va más allá de simpatías vecinales:

¿Debe un gobierno democrático promover símbolos de líderes que reprimieron la disidencia, eliminaron la prensa libre y consolidaron un sistema de partido único?

¿Debe una presidenta democráticamente electa guardar silencio ante la destrucción de la democracia en Nicaragua, mientras rompe relaciones con países que no comparten su afinidad ideológica?

En un país donde la democracia aún enfrenta desafíos —violencia política, inseguridad pública y concentración de poder—, la devoción por figuras autoritarias no es un gesto inocente. Es un recordatorio de que la democracia mexicana, aunque viva, sigue siendo vulnerable a la nostalgia por el poder absoluto y a la tentación de mirar hacia modelos que contradicen los valores que decimos defender.

En este contexto, la defensa de la democracia mexicana no puede depender de Washington: debe depender de los ciudadanos, de las instituciones y de la memoria histórica de un país que ya vivió lo que significa el poder sin límites. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado una preocupante ambigüedad frente a los autoritarismos latinoamericanos. Su silencio ante la decisión de Daniel Ortega de eliminar las elecciones en Nicaragua —una medida que organismos internacionales han calificado como la desaparición formal de la democracia en ese país— contrasta con lo que se esperaría de una mandataria que se presenta como defensora de las instituciones democráticas.

México se abstiene de condenar el autoritarismo de Ortega, mientras mantiene rotas las relaciones políticas con Perú, que acaba de girar a la derecha con el triunfo de Keiko Fujimori, y sostiene tensiones con Ecuador y El Salvador. Este último, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, ha acusado públicamente al gobierno mexicano de estar “sometido por el narcotráfico” y de encabezar un “narcogobierno”, señalamientos que también han sido dirigidos contra figuras como Evo Morales y el propio Ortega.

En este contexto, la reinstalación de esculturas de Castro y Guevara deja de ser un gesto cultural para convertirse en un símbolo de alineamientos ideológicos que contradicen la vocación democrática que México dice defender.

Cuba, el país de Fidel Castro

La vida en Cuba ha estado marcada por más de seis décadas de control estatal absoluto. El régimen instaurado por Fidel Castro eliminó la prensa independiente, prohibió la oposición política y estableció un sistema donde el Partido Comunista es la única fuerza legal. La economía, centralizada y dependiente del Estado, ha generado escasez crónica de alimentos, medicinas y productos básicos. La vigilancia política es cotidiana: los Comités de Defensa de la Revolución monitorean barrios y reportan conductas “contrarias al proceso”. Las protestas son reprimidas, como ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando cientos de ciudadanos fueron encarcelados por manifestarse pacíficamente. Cuba es un país donde la libertad de expresión, de asociación y de movilidad está severamente limitada, y donde la disidencia se paga con cárcel, exilio o silencio forzado.

El CHE: entre el mito y la represión

Ernesto “Che” Guevara es celebrado en murales y camisetas como símbolo de rebeldía, pero su papel en el poder fue mucho menos romántico. Tras el triunfo de la Revolución, Guevara dirigió la prisión de La Cabaña, donde supervisó juicios sumarios y ejecuciones de opositores y sospechosos de traición. Su visión política defendía el control estatal total, la eliminación de la prensa libre y la subordinación del individuo al proyecto revolucionario. Como ministro y dirigente económico, impulsó políticas que profundizaron la centralización y el control ideológico. El Che no fue solo un guerrillero: fue un funcionario de un régimen que reprimió la disidencia y consolidó un sistema autoritario.

Su figura, convertida en ícono global, suele omitir la dimensión represiva que acompañó su ejercicio del poder.

Daniel Ortega: la democracia desmantelada
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua es hoy uno de los más autoritarios del continente. Tras regresar al poder en 2007, Ortega desmontó gradualmente las instituciones democráticas: controló el Poder Judicial, anuló la independencia electoral, encarceló opositores, ilegalizó partidos y cerró medios de comunicación. En 2026, su gobierno dio el paso definitivo: busca eliminar legalmente las elecciones y declaró que el país sería gobernado por “continuidad revolucionaria”, un eufemismo para la perpetuación indefinida del poder. Más de 3.000 organizaciones civiles han sido clausuradas, cientos de periodistas y activistas viven en el exilio, y la ciudadanía enfrenta un clima de miedo, vigilancia y represión. Ortega gobierna un país donde disentir es un delito y donde la democracia dejó de existir en términos prácticos y legales.

Por todo esto, es necesario decirlo con claridad:

México no debe rendir pleitesía a Fidel Castro, al Che Guevara ni a Daniel Ortega. No por ideología, no por simpatías históricas, no por nostalgia revolucionaria. Sino porque México es —o aspira a ser— una democracia, y las democracias no celebran a quienes encarcelan opositores, eliminan elecciones, censuran la prensa y gobiernan mediante el miedo.

La libertad no se defiende levantando estatuas de dictadores ni guardando silencio ante quienes destruyen sus instituciones. La libertad se defiende con principios, con coherencia y con memoria. Y México, que ha pagado con sangre su tránsito hacia la democracia, no puede permitirse retroceder ni un centímetro.

No a Fidel. No al Che. No a Ortega. Sí a un México libre.

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

En México, siete periodistas han sido asesinados en lo que va del año, una cifra que exhibe la gravedad de la violencia e impunidad imparables. El caso más reciente, el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, confirma que informar en este país es una profesión de alto riesgo, pese a que no hay guerra y a que, a diario, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, proclama que hay paz, democracia y que su partido combate frontalmente la corrupción y la criminalidad.

Sin embargo, no hay garantías de seguridad para los periodistas, como ocurre en los países en guerra o gobernados por dictadores como Daniel Ortega, que expulsó a toda la prensa de su país y ahora busca anular definitivamente las elecciones, sin respetar la voluntad del pueblo.

Ante estos asesinatos, analistas y sectores sociales sostienen que la violencia, la impunidad y la captura criminal de territorios podrían debilitar seriamente el poder político de Morena en 2027, especialmente porque la ciudadanía observa cómo la inseguridad se profundiza mientras el Estado parece incapaz de proteger a periodistas, mujeres, activistas y comunidades enteras.

Leyva fue ejecutado mientras comía en un puesto callejero, “le dispararon directamente a la cabeza”. Su trayectoria crítica hacia los gobiernos de Morena en Oaxaca lo convirtió en blanco de amenazas constantes, y aun así, como ocurre siempre, las autoridades respondieron con la misma frase desgastada: “se investigará”.

Pero la realidad es otra: la impunidad es el mensaje oficial.

El asesinato de Leyva no es un hecho aislado; es parte de un patrón que se repite con brutal precisión.

Periodistas como Josué Martínez Contreras, ejecutado frente a su madre y su hijo; Manuel Alejandro Mora Serna, desaparecido y hallado con signos de tortura; Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado pese a contar con medidas de protección; Luis Ángel López Valdez, ultimado tras denunciar hostigamiento policial; y Juan David Gámez, ejecutado por cubrir temas de narcotráfico y corrupción.

El caso más estremecedor es el de Roxana Berenice Guzmán, fundadora de Pulso Informativo del Sureste.

El 2 de junio, un grupo de sicarios derribó la puerta de su casa para llevársela, mientras su esposo grababa el ataque.

Días después, él también fue asesinado, convirtiendo la tragedia en un doble crimen que exhibe la ferocidad con la que operan los grupos criminales y la vulnerabilidad absoluta de quienes informan.

Sus restos fueron hallados el 3 de julio, y entre los detenidos hay cuatro policías municipales, además de la solicitud de desafuero del presidente municipal acusado de ordenar el secuestro y asesinato.

Este clima de violencia ocurre en vísperas de un año electoral intermedio, cuando los medios de comunicación deberán informar sobre la espiral de violencia que atraviesa México, un país sometido por el narcotráfico y por estructuras criminales que han penetrado instituciones locales y estatales.

El caso de Leyva es especialmente revelador porque él mismo dejó constancia pública de las amenazas que enfrentaba.

En noviembre de 2025, advirtió que si algo le ocurría, responsabilizaba directamente al gobernador de Oaxaca y a su círculo cercano.

En su último video, denunció “la permisibilidad del gobernador Salomón Jara para institucionalizar el crimen” .

Cuatro días después, fue ejecutado.

Las autoridades difundieron videos donde se observa a tres hombres y una motocicleta implicados en el ataque, uno de ellos haciendo una llamada segundos antes de disparar.

México vive una crisis profunda donde la violencia contra periodistas se ha normalizado.

No se trata solo de asesinatos: también persisten amenazas, desapariciones, campañas de estigmatización y hostigamiento institucional.

La mayoría de las víctimas cubría corrupción y política, “55% de las agresiones” , seguidas por quienes cubren seguridad y justicia, con “24%”. El mensaje es devastador: en México se mata a periodistas porque hay impunidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido atender los casos, pero mientras no exista una política real de protección, mientras las fiscalías estatales sigan operando con negligencia o complicidad, mientras los mecanismos de protección continúen siendo insuficientes o tardíos, la prensa seguirá enterrando a sus compañeros.

Y el país seguirá perdiendo voces indispensables para la democracia.

México no puede aspirar a ser un país libre mientras sus periodistas mueren por contar la verdad.

La muerte de Leyva Aguilar, el doble crimen contra Roxana Berenice Guzmán y su esposo, y los otros cinco comunicadores asesinados este año no son estadísticas: son advertencias.

Son el recordatorio de que, sin justicia, sin protección y sin voluntad política, la libertad de expresión seguirá siendo una profesión mortal.

Y la impunidad, como siempre, seguirá siendo la mejor aliada de los asesinos.

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, 12 de julio de 2026.- La mañana de este domingo, la Avenida Alfredo del Mazo amaneció distinta. El tráfico, normalmente caótico, se detuvo por completo ante la llegada de decenas de camiones y combis repletas de priístas provenientes de todos los rincones del Estado de México. Era como si una vieja maquinaria, oxidada por los años de derrotas, hubiera decidido encenderse de nuevo.

El destino de todos: el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional, para asistir a la toma de protesta de los 1,400 Defensores Territoriales, que serán los candidatos para las 125 alcaldías, diputados locales y federales de la entidad que contenderán en las elecciones de 2027.

Ahí, donde por años se respiró silencio, hoy volvió a sentirse vida.

El patio del Comité Estatal se transformó en un auténtico hormiguero humano. Más de 12,000 militantes se apiñaron bajo el sol, pintando de rojo cada centímetro del lugar. No eran los priístas de ocasión, ni los que se acercan cuando el viento sopla a favor. Eran los que se quedaron cuando el barco se hundió, los que resistieron la debacle, los que no huyeron cuando las derrotas parecían sentencia.

La militancia de cepa.

La que opera por convicción, por historia, por orgullo herido.

El momento cumbre llegó cuando la dirigente estatal, Cristina Ruiz Sandoval, subió al estrado. La marea humana la envolvió con aplausos que recordaban al PRI del siglo pasado, ese que llenaba plazas y presumía músculo territorial. Contagiada por la energía, lanzó un grito que hizo vibrar las paredes del comité:

“¡El PRI es inmortal!”

Y enseguida, con la voz encendida, soltó una frase que desató una ola de euforia:

“¡Ya no queremos un gobierno como Morena!”

El patio explotó.

Las banderas se agitaron.

Y entonces llegó el grito que se convirtió en la consigna del día:

“¡Fuera Morena!”

Miles de voces lo corearon al unísono, como si el edificio entero respirara ese reclamo. Por un instante, rodeados de coros sincronizados y un fervor que parecía resucitado, muchos creyeron que el PRI sí podía ser inmortal.

La devastación de los últimos ciclos electorales quedó suspendida en el aire, eclipsada por la euforia de un día que se sintió grandioso.

La jornada no fue solo un acto de ánimo. Fue una declaración de guerra electoral. En un parteaguas político, tomaron protesta cientos de Defensores y Defensoras del Estado de México, quienes recorrerán las comunidades de los 125 municipios para escuchar, denunciar y confrontar lo que consideran las irregularidades de los gobiernos morenistas.

Cristina Ruiz, en un discurso encendido, les habló como si estuviera convocando a una revolución:

— “Somos defensoras y defensores y seremos las heroínas y los héroes que rescaten la patria y al Estado de México de los saqueadores de la libertad y la democracia. ¡Es sin miedo! ¡Es por nuestras familias! ¡Es por la tierra que amamos!”

El mensaje fue claro: el PRI quiere volver a pelear, y quiere hacerlo desde el territorio.

El evento también reunió a figuras históricas del priismo mexiquense. Asistieron los exgobernadores Arturo Montiel Rojas y César Camacho Quiroz, además del secretario de Organización del CEN, Jorge Meade Ocaranza, en representación del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas.

La presencia de estos liderazgos envió una señal: el partido busca reconstruir su columna vertebral apelando a su memoria, a su estructura y a su identidad.

En un momento de tensión discursiva, Cristina Ruiz lanzó un mensaje directo:

— “En el PRI no hay cabida a los traidores.”

Y remató con una frase que resonó entre la militancia:

— “A los traidores les decimos que hoy están exactamente donde deben estar: junto a los que son iguales a ellos, donde la historia ya les tiene reservado el recuerdo permanente de su cobardía.”

La plaza respondió con aplausos y gritos. Era un cierre de filas.

Ante una Plaza de la Unidad abarrotada, la dirigente estatal afirmó:

— “El PRI es la única fuerza política con la experiencia y la visión necesarias para reconstruir a México. Saquemos la casta, saquemos el orgullo priista, pero sobre todo saquemos a Morena de este gran Estado.”

El grito de “¡El PRI es inmortal!” volvió a escucharse, esta vez más fuerte, más largo, más visceral.

¿Ese grito de inmortalidad será suficiente para convencer al resto del país?

¿O quedará como el eco de un glorioso día de resistencia?

Lo cierto es que, por unas horas, la casa del priismo mexiquense volvió a vibrar. Y la militancia dejó claro que, pese a todo, está dispuesta a dar la batalla en las elecciones de 2027.

Brenda Alvarado, secretaria general del PRI, insistió que el PRI es inmortal. Tomaron protesta a los defensores electorales con la convicción de que el Revolucionario Institucional es inmortal, vamos a trabajar como sabemos hacerlo.

Brenda es una priísta pura, nunca ha estado en otro partido, es de las que ha sostenido al tricolor en su peor momento y sostiene que trabajan desde las bases para recuperar Ecatepec, principalmente, porque es el municipio más importante del Estado.

¿Por qué volver a votar por el PRI? 

Porque estamos viendo que Morena traiciona a la patria al tener nexos con el narcotráfico.

Jorge Hernández Hernández, defensor de Ecatepec, aseguró que hay que recordarle a la gente que todo lo que hay en el país lo hizo el PRI; Morena no ha hecho nada, solo destrozar valores y principios de la familia. “Ya basta de tanta barbaridad. Queremos un México libre y auténticamente democrático.”

"En Ecatepec la gente está muy molesta por las condiciones en que se encuentra el municipio, casi todas sus calles están destruidas".

Al referirse a los programas sociales, afirmó que todos los partidos están obligados a continuarlos porque son constitucionales y si Morena intenta amenazar o condicionar a la gente con que se los va a quitar si llega otro partido, los demandarán legalmente. “Cualquier partido que llegue debe continuarlos”, insistió.

Hernández Hernández, presidente del PRI municipal de Ecatepec, exdiputado federal y local de Ecatepec, agregó:

“La presidenta municipal, Azucena Cisneros, dice que está trabajando, ¡mentira! Los resultados están en las calles, no en informes de oficina. Los priístas invitaremos a la gente a reflexionar en lo que han vivido con Morena y que recuerden que el PRI sí sabe gobernar.”

A la dirigente estatal se le hizo la misma pregunta:

¿Por qué votar nuevamente por el PRI? 

“El PRI tuvo errores y hay que reconocerlos. Hoy esos malos priístas, los corruptos, están en Morena. En el PRI de ahora estamos gente capaz, honesta y preparada, dispuestos a ganarle a Morena en el Estado de México.”

“La gente está cansada, muchos quieren que se vayan, y aunque no ha iniciado el proceso electoral, los defensores saldrán a las calles para escuchar a la gente y pulsar sus necesidades”, dijo la dirigente estatal luego de explicar que Alejandro Moreno no estuvo presente porque está fuera del país en una agenda de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), en la que recientemente fue elegido presidente para el periodo 2026-2030.

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MEXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, México, 22 de junio de 2026.-
Dicen que lo que tiene la olla, la cuchara lo saca, o que lo que la mente piensa, la lengua lo pronuncia, como ocurrió hoy al dirigente de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez Urzaiz, en un evento partidista en Tizimín, rumbo a las elecciones intermedias de 2027, donde soltó: “Al peor presidente de México que se llama Andrés López Obrador… démosle un fuerte aplauso”. El público aplaudió feliz. El video se hizo viral en redes sociales y ya fue imposible maquillar el lapsus.

Más tarde, Bojórquez aseguró que se trató de un error. Pero en política, los lapsus rara vez son inocentes. Menos cuando el desencanto hacia Morena es profundo, alimentado por malos gobiernos, fracturas internas y acusaciones persistentes desde Estados Unidos y el propio país que señalan al movimiento como un presunto narcogobierno.

Ese desgaste coloca al partido en una posición frágil rumbo al Proceso Electoral Federal 2026–2027, que arranca este 22 de junio con la selección de coordinaciones estatales para 17 gubernaturas, que en realidad son los candidatos.

Las investigaciones abiertas en agencias estadounidenses —como la DEA y el FBI— y las denuncias de dirigencias del PAN, PRI y PRD sostienen que la obstinación de López Obrador por llegar al poder lo acercó al Cártel de Sinaloa.

Hoy, Washington exige que antes de que termine junio el gobierno de Claudia Sheinbaum entregue a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por presuntos vínculos con esa organización criminal, con  la que dice no tener  nexos, repite lo que dicen los presos:

Soy inocente y tiempo después relatan todo con lujo de detalles.

López Obrador inició su sexenio con la soga al cuello, y para muchos analistas es cuestión de tiempo para que enfrente acusaciones formales por haber entregado el país  al narcotráfico, como lo ha reiterado en múltiples ocasiones el presidente Donald Trump, quien también se juega su futuro político en las elecciones estadounidenses que también reconfigurarán el poder en su país.

Los errores de López Obrador apenas empiezan a pasar factura, aunque él insiste en presentarse como figura honorable.

Sin embargo, el 24 de julio de 2025, un amplio grupo de morenistas de 32 entidades publicó una Carta Abierta exigiendo frenar la corrupción y el nepotismo dentro de Morena. Pidieron la revocación de todos los Comités Ejecutivos estatales y municipales, advirtiendo un retroceso electoral severo rumbo a 2027.

En 2027 se renovarán 17 gubernaturas.

En el ámbito federal, la Cámara de Diputados se renovará por completo:

500 escaños,
300 de mayoría relativa,
200 de representación proporcional.

El reto para el Movimiento de Regeneración Nacional —creado por López Obrador y “nutrido” con cuadros reciclados de todos los partidos— será enorme en estados como Guerrero, Michoacán, Campeche, San Luis Potosí y otros donde las fracturas internas amenazan con desfondar al partido.

De no corregir el rumbo, Morena podría enfrentar una fractura histórica el 6 de junio de 2027, como alertan sus propios fundadores.

Para Morena, mantener el control legislativo es vital para consolidar su proyecto; para la oposición, es la oportunidad de reconstruir un contrapeso real.

En el mapa estatal, las 17 gubernaturas en disputa representan más de la mitad del país. Se anticipan contiendas intensas en Querétaro y Chihuahua, bastiones opositores, así como en Nuevo León y San Luis Potosí, donde las alianzas tradicionales llegan fracturadas.

A nivel local, miles de ayuntamientos y congresos estatales estarán en juego.

Destaca la batalla por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, termómetro histórico del ánimo político nacional.

Según el calendario oficial, el proceso electoral ordinario inicia la primera semana de septiembre de 2026. El documento aprobado el 7 de marzo de 2026 establece la ruta para definir las candidaturas en cuatro etapas:

22 de junio de 2026: Coordinaciones estatales (gubernaturas)
3 de agosto de 2026: Coordinaciones distritales federales
21 de septiembre de 2026: Coordinaciones municipales
8 de noviembre de 2026: Coordinaciones distritales locales

El 6 de junio de 2027 habrá elecciones en Aguascalientes y Querétaro, así como en los estados morenistas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, Tamaulipas.

El Proceso Electoral Federal 2026–2027, organizado por el INE, será la última elección con posibilidad de reelección inmediata para integrantes de la LXVI Legislatura.

A partir del 1 de septiembre de 2027, se instalará la LXVI Legislatura.

Y, oficialmente este 22 de junio arranca la carrera electoral con la selección de los candidatos a gobernadores. Los ungidos.

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Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

Donald Trump cumplió 80 años celebrando como solo él sabe hacerlo: rompiendo protocolos, desafiando tradiciones y enviando mensajes políticos envueltos en espectáculo. Esta vez, lo hizo desde la Casa Blanca, presenciando una velada de artes marciales mixtas, un escenario tan atípico como revelador del personaje que ha marcado la política mundial durante más de medio siglo.

Pero detrás de la fiesta, los aplausos y las luces, el cumpleaños de Trump llega acompañado de dos “regalos” que él mismo presume como trofeos: una paz negociada con Irán que no ganó en el campo de batalla, y una ofensiva política y judicial contra México que sacude a un país en plena efervescencia electoral.

Trump no solo celebró un año más de vida. Celebró su capacidad de seguir moviendo el tablero geopolítico a su antojo.

De niño rico a arquitecto del caos: la vida marcada por el apellido “Trump–Triunfo”
La historia de Donald Trump parece escrita para demostrar que, en su caso, el apellido fue destino.

Nacido en una familia adinerada de Queens, Trump creció bajo la sombra de un padre que construyó un imperio inmobiliario y que le enseñó una lección que marcaría su vida: el mundo se divide entre ganadores y perdedores. Desde entonces, Trump decidió que nunca estaría en el segundo grupo.

En su juventud, Trump no solo recibió dinero; recibió un guion. Transformó los negocios familiares en un espectáculo mediático, convirtió su apellido en sinónimo de lujo y aprendió a usar la prensa como arma.

Su ascenso no fue lineal, pero siempre fue hacia arriba, incluso cuando sus empresas quebraban. Trump caía… y Trump resurgía.

En su madurez, Trump entendió que su verdadero escenario no eran los rascacielos, sino la política.

Su llegada a la Casa Blanca fue un terremoto global: rompió alianzas, desafió instituciones, insultó adversarios y gobernó como si el mundo fuera un ring. Para sus seguidores, era el líder fuerte que necesitaban. Para sus críticos, un peligro para la democracia.

Hoy, a los 80 años, Trump no se retira. No se modera. No se apaga. Al contrario: su influencia es más disruptiva que nunca. Su cumpleaños no es un cierre de ciclo, sino un recordatorio de que sigue siendo el hombre que define la agenda continental.

Primer “regalo”: la paz con Irán… una paz sin victoria

Trump anunció un acuerdo de paz “inmediato y permanente” con Irán, un país al que no logró derrotar militarmente pese a meses de ataques, amenazas y escaladas.

Lo presenta como un logro personal, un regalo de cumpleaños que confirma su liderazgo global.

Pero la realidad es otra:

Estados Unidos no ganó la guerra.
No desmanteló la estructura militar iraní.
No impuso las condiciones que prometió.

          
La paz llegó como un alto al fuego negociado, no como una victoria.

Aun así, Trump la exhibe como trofeo, como si el simple hecho de firmarla lo convirtiera en vencedor.

Segundo “regalo”: presión sobre México en plena efervescencia electoral

Mientras presume paz en Medio Oriente, Trump endurece su discurso hacia México.

La periodista estadounidense Sara Carter —cercana a los círculos de seguridad nacional— afirma que Washington busca “desmantelar las estructuras criminales de México, incluyendo a aquellos dentro del gobierno que se han vendido a los cárteles”.

Sus declaraciones apuntan directamente al Cártel de Sinaloa y a funcionarios que, según investigaciones estadounidenses, habrían protegido a Los Chapitos, Los Mayitos y la estructura heredada de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El impacto político es devastador:

Ha ordenado cancelar laa Visa a 25 políticos mexicanos.

Entre 8 y 12 funcionarios están bajo investigación formal en cortes federales de EE.UU.

Al menos 4 extradiciones están en proceso.

      
Aunque Carter no mencionó nombres, sus palabras aluden claramente a figuras de alto nivel en Sinaloa, empezando por el gobernador Rubén Rocha Moya, separado del cargo para que sea investigado por Estados Unidos, al igual que otros políticos en activo del gobierno de MORENA.

En un México que se prepara para nuevas elecciones, estas acusaciones caen como un misil político.

Trump, desde Washington,  a sus 80 años se convierte en un gran elector externo, capaz de alterar la narrativa nacional con una sola frase.

En tanto, en México la violencia política no cede: el reciente asesinato del alcalde de Oaxaca confirma que las elecciones mexicanas se desarrollan en un país donde el crimen organizado disputa territorios, presupuestos y poder.

El cumpleaños número 80 de Donald Trump no es solo una fecha simbólica.

Es un recordatorio de que su figura sigue marcando la agenda internacional:
firma paz donde no ganó, presiona donde quiere imponer orden y se proyecta como árbitro de la política regional.

Mientras, México vive entre la fiesta mundialista, la campaña electoral y el luto por sus autoridades asesinadas.

A sus 80 años, Trump no solo sigue en el juego. Sigue moviendo las piezas.

Y el hemisferio entero tiembla cada vez que mueve una.

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